En la mira
La vigilancia de los movimientos de justicia social tiene una larga y oscura historia en los Estados Unidos, donde agentes federales y policías locales han rastreado a activistas y usado esa información para intimidar a la gente, socavar organizaciones y marcar líderes para ser encarcelados o mucho peor.
El dron es la más reciente herramienta de vigilancia. Si bien existen regulaciones que rigen el uso privado, las que regulan las fuerzas policiales, como el Departamento de Policía de Nueva York, son anémicas en comparación. Un grupo de activistas comunitarios y líderes electos esta tratando de impulsar un cambio.
Este julio, Jessica Ramos, senadora estatal de Nueva York, en colaboración con El Grito, un grupo de vigilancia policial en Brooklyn, presentó un proyecto de ley que prohíbe a las fuerzas del orden utilizar drones para grabar o recopilar datos sobre el público en general en espacios abiertos, en manifestaciones u otros eventos protegidos por la Primera Enmienda. El proyecto de ley de Ramos también prohíbe el uso del reconocimiento facial, que según ella no es confiable, y busca restringir el uso de drones sin una orden judicial.
A través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información, Legal Aid Society encontró que la policía de Nueva York utilizó drones durante la Marcha de las Mujeres, el Desfile Nacional Puertorriqueño y el Desfile del Orgullo LGBT en 2019. El amplio alcance y la falta de transparencia por parte de la policía deberían preocupar a los neoyorquinos, advirtió Ramos.
Para Iris Morales, la vigilancia del Departamento de Policía de Nueva York no es sorprendente. "Es un problema grave y con este avance en la tecnología, es aún más grave", dijo, cuestionando la recopilación y el uso de datos.
Tanto agencias federales como departamentos de policía locales tienen expedientes sobre Morales, una ex miembro del militante Young Lords Party (YLP). La vigilancia, dijo ella, tiende a ir de la mano con la divulgación de información falsa, la provocación de peleas internas y el atrapamiento policial por parte de agentes encubiertos.
A fines de la década de 1960 y principios de los 70, Morales sirvió como diputada de educación del YLP, que entonces exigía mejores servicios para los puertorriqueños, defendía los derechos de las mujeres, y desafiaba la violencia policial en Nueva York, Filadelfia y otros lugares. Mientras hablaba con WMC I/DARE, Morales ojeaba las páginas de los archivos sobre ella, deteniéndose en las muchas líneas del texto ennegrecidas. Los documentos describen con quién se asoció y detallan su vida personal y política.
Los allanamientos en su casa eran parte de la intimidación realizada por “agentes especiales” empeñada a desalentar el activismo, explicó Morales. "Llegabas a casa y veías documentos por todos lados", dijo. "Esto al igual que los asesinatos de las Panteras Negras disuadió a la gente de involucrarse".
"Tienes que esperar que si te vas en contra de la clase dominante, ellos se volverán feroces", dijo Morales.
En 2016, la policía de Nueva York descubrió 520 cajas con archivos y fotografías de información de vigilancia que durante años había afirmado que no podía encontrar. Esto se produjo después de que la Dra. Johanna Fernández, profesora de Baruch College, puso una demanda para acceder a estos archivos en 2014.
Según Fernández, autora de un libro sobre los Young Lords, los archivos revelan un clima orwelliano.
“Lo fascinante de estos archivos fue aprender la cantidad de recursos invertidos en vigilar a los neoyorquinos” dijo ella. La gente vigilada no se limitaba a individuos considerados “radicales” pero también al anciano vecino, al dueño de la bodega o la iglesia del vecindario, explicó. “Esto se trata del control social en una supuesta democracia”.
“Esto se trata del control social en una supuesta democracia”
Estas prácticas no han cambiado. El equipo de policía de Nueva York a cargo de la vigilancia ha pasado por varios cambios de nombre (Escuadrón Rojo en la década de 1950 y hoy día la División de Inteligencia) y ha sido objeto de críticas en las últimas décadas por sus actividades en torno a la comunidad musulmana, las protestas contra la guerra durante la convención republicana en 2008, y Black Lives Matter.
La vigilancia de masas, explicó Fernández, es parte de la creciente militarización de la policía en nombre del supuesto control del crimen y es peligroso considerando el neofascismo flagrante de hoy y que supremacistas blancos están incrustados en los departamentos de policía.
La militarización y uso de drones para la seguridad pública es un argumento defectuoso, dijo la profesora de ciencia política Guadalupe Correa. "¿Dónde está la métrica que nos dice que el país está más seguro debido a esta tecnología?", dijo Correa. "Esa es la idea que los políticos están tratando de vender."
Correa también señaló que los contratos gubernamentales para la industria de la vigilancia representan una importante fuente de ingresos y son un gran incentivo para un mayor uso de drones.
Desde la ciudad de Nueva York hasta Baltimore y la frontera sur, la expansión de la vigilancia e intrusión es alarmante. Como escribió Sidney Fussell para The Atlantic, los privilegios especiales otorgados a las autoridades de inmigración “se están quedando sin ataduras a la frontera geográfica erosionando los derechos de personas en el suelo y, por supuesto, aquellos visibles desde el aire”.
El Departamento de Policía de Nueva York asegura que no interfiere con actividades protegidas constitucionalmente. Pero activistas locales y los medios de comunicación informan que el departamento viola y trata de eludir regularmente las pautas basadas en el Decreto de Consentimiento de Handschu de 1985, diseñado para restringir la vigilancia policial, la interrupción de trabajo político y manifestaciones protegidas por la Primera Enmienda.
Ramos dice que aunque las organizaciones policiales respaldadas por grandes recursos se oponen a su proyecto de ley, ella cuenta con esta era de cambio para abrir un espacio y frenar al Departamento de Policía de Nueva York.
La ausencia de restricciones en Nueva York y en todo el país no sería un buen augurio, como dijo Fernández. "¿Queremos vivir en un país que aborda los "problemas sociales" a través de la militarización”? ella posó. "Porque si es así, entonces la conclusión lógica es una sociedad sin derechos, una sociedad autoritaria, que es cada vez más hacia dónde estamos avanzando.
Traducido por Juana Ponce de León.
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