Una bisabuela baleada a muerte por la policía

Al hacerse públicas en mayo las imágenes de “BodyCam” que muestran a un policía matando a una latina anciana, estas lentamente dieron vueltas en las redes sociales. Donde no se vio esta historia fue en los noticieros nacionales o mesas redondas.

El 16 de abril, un oficial de Las Cruces, Nuevo México, le disparó a Amelia Baca, de 75 años. Una de sus hijas había llamado al 911, diciendo que necesitaba “un oficial o una ambulancia o alguien”. Baca, que sufría de problemas de salud mental y posiblemente demencia, tenía un cuchillo en cada mano.

Como muestra la totalidad de las imágenes de la cámara corporal, los familiares salen de la casa siguiendo las instrucciones del oficial que llegaba, y se escucha a uno de ellos diciéndole "por favor, tenga mucho cuidado con ella". Segundos después, el oficial, Jared Cosper, comienza a gritar "¡Suelta ese cuchillo de mrda!" y le apunta con su arma. Ella da un paso hacia él y él dispara dos veces.

Siendo un veterano de nueve años de la fuerza policial, Cosper había recibido capacitación en el manejo de crisis, pero según el video, él no intentó calmar la situación. El Departamento de Policía de Las Cruces (LCPD por sus siglas en inglés) no envió su equipo de intervención de crisis y no contestó a las preguntas de la Unión Americana de Libertades Civiles de Nuevo México (ACLU-NM). Como también muestra el video, el oficial grita en inglés. Baca solo entendía español.

Baca emigró a los Estados Unidos cuando tenía 30 años. Realizó diferentes trabajos, incluso en el campo, para comprar una casa. Una pequeña herradura, un amuleto para la buena suerte y para evitar peligros, colgaba sobre la puerta donde la mataron.

El asesinato de esta bisabuela demuestra ser peor entre más nos enteramos. Sam Bregman, el abogado de la familia, dijo que el video muestra que Baca dio un paso adelante en respuesta a un gesto que el oficial hizo con su mano izquierda. En una conferencia de prensa el 12 de mayo con la familia, Bregman agregó que la Sra. Baca aún vivía cuando estaba tendida en el suelo, pero que “en lugar de prestar ayuda, el oficial que acaba de dispararle ordenó a otro oficial que la arrastrara de su casa”. La familia de Baca lloraba mientras veían el video.

Periodistas en Nuevo México han señalado la falta de transparencia en torno a éste y otros casos de violencia policial. Por más de dos meses, el LCPD se negó hacer público el nombre de Cosper, el cual fue revelado la semana pasada por el reportero Justin García de Las Cruces Sun News. La prensa local se enteró de lo sucedido el 16 de abril solo cuando la familia Baca les llamó la atención, no por una declaración oficial de la policía. Pero la Ciudad de Las Cruces sí hizo el esfuerzo para presentar imágenes selectivas del video de Cosper en un video que enfatizaba que Baca estaba armada. Como observó García en un podcast, el narrador del video dice que Baca “no cumplía” con las órdenes, lo que sugiere que el tiroteo era justificado.

En la era del terrorismo doméstico armado, la diferencia entre la policía que maneja a una anciana latina y recientemente un afroamericano, Jayland Walker, en comparación con asesinos de masas no se puede ignorar.

Bregman, en la conferencia de prensa, dijo que Baca fue “ejecutada”. La familia de la bisabuela exige que Cosper sea acusado de homicidio y ha presentado demandas en los tribunales estatales y federales por la supuesta violación de los derechos de Baca.

Hacer valer cargos criminales, como con tantos casos de asesinatos y violencia policiales, son una batalla cuesta arriba. El Grupo de Trabajo de Incidentes Involucrados por Oficiales del Condado de Doña Ana que investigó el tiroteo de Baca está compuesto previsiblemente por miembros de las fuerzas policiales, incluso de Las Cruces. Ahora, el fiscal Gerald Byers tiene el caso en sus manos. Una portavoz dijo que ‘Esto no es asunto fácil de un sí o no’”.

Larga historia de violencia policial

La violencia policial contra las latinas y los latinos ciertamente está lejos de ser infrecuente. Desde 2015 hasta el presente, según la base de datos del Washington Post, hispanoamericanos son matados desproporcionadamente en tiroteos policiales. En solo la ciudad de Los Ángeles, los latinos representan el 67% de las víctimas de tiroteos fatales policiales.

La violencia por parte de algunos oficiales contra los latinos toma otras formas, particularmente cuando se trata de mujeres. Hay casos de latinas violadas por policías bajo la suposición de que ellas y otras mujeres de color, por ser indocumentadas, no lo van a reportar. En 2016, un policía de Oklahoma fue convicto por violar y agredir sexualmente a ocho mujeres afroamericanas. En estos casos, son las Latinas y afroamericanas más arrimadas a las márgenes de la economía que han sido las víctimas.

Se supone que los líderes electos y locales deben estar al frente de la defensa de una comunidad contra el abuso policial. Sin embargo, en las búsquedas de declaraciones emitidas públicamente sobre el caso de Baca, nada parece estar en el registro excepto por una declaración del ACLU-NM. Bregman dijo que no había visto ninguna declaración emitida. No parece haber grandes conferencias de prensa o protestas en proceso.

La presión pública es crítica para lograr una rendición de cuentas. También es importante si se considera la falla por parte de algunos medios y líderes para enmarcar a los latinos dentro del legado histórico de la violencia racista de la policia estadounidense y la continua agresiva y excesiva vigilancia policial de los latinos.

“Lo que la mayoría de la gente no sabe es que la fuerza excesiva y los tiroteos policiales se han reportado en la comunidad latina durante décadas, comenzando con el siglo XIX cuando los mexicanos fueron linchados por la policía en el oeste y el suroeste”, escribió Michelle García en 2015 en un artículo para Cosmo para latinas.

Una agenda de dominación económica y política de los blancos fue el impetú para esta violencia. “Los políticos y los medios de comunicación y los residentes locales describieron a los mexicanos, independientemente de su ciudadanía, como personas violentas, como una amenaza para la nación y como personas que necesitaban ser vigiladas violentamente”, explicó la profesora de la Universidad de Texas en Austin, Mónica Muñoz Martínez, en una entrevista con The Guardian.

Los perpetradores de lichiamentos y otros actos de terrorísmo racial contra los mexicanos incluyeron a los Rangers de Texas, idealizados en películas y programas como estadounidenses blancos honorable defensores de la ley. La realidad es que operaban como escuadrones de la muerte. En ese estado, los Rangers fueron reorganizados oficialmente en la década de 1930 como su Departamento de Seguridad Pública.

Esta base y contexto son clave para entender que la masacre de 22 tejanos por un supremacista blanco en El Paso —la mayor ciudad más cercana a Las Cruces—, la decisión de enjaular a niños en la frontera, y que la policía perfile a los conductores latinos en Arizona no son desvíos alarmantes de una norma imaginada de justicia, sino parte de un violento sistema operativo de largo plazo aprobado por el estado contra los mexicanos y latinos. Este complejo de “seguridad pública” de lo local hasta la frontera en el suroeste, apoyado con un presupuesto federal masivo, hizó de los niños latinos en Uvalde blancos fáciles.

García delinea donde el poner a los hispanos fuera de la violencia racial histórica y sistémica deja a las latinas como Baca: “Un asalto a ella, en esencia, rara vez se percibe como un asalto a la nación, la justicia y la igualdad”.

“Estamos tratando de cambiar esa narrativa para mostrarle a nuestra comunidad que el sistema legal penal, la policía y el encarcelamiento masivo es otra forma de opresión de nuestra comunidad”

Esto es internalizado por algunos latinos. Lourdes Rosado, presidenta de la institución de derechos civiles LatinoJustice PRLDEF, dijo que parte del desafío dentro y fuera de la comunidad latina es la creencia arraigada de que los oficiales están en lo correcto y las personas que entran en contacto con la policía lo provocaron ellas mismas, en lugar de ver la forma en que los latinos son vigilados como un problema sistémico. “Estamos tratando de cambiar esa narrativa para mostrarle a nuestra comunidad que el sistema legal penal, la policía y el encarcelamiento masivo es otra forma de opresión de nuestra comunidad, una forma de amortiguar verdaderamente el poder que debería venir con nuestros crecientes números”, dijo. "Muchos latinos son víctimas del sistema porque la policía los vigila excesivamente”.

Otras cuestiones complican la necesidad de cuestionar la policía y sistema criminal de Las Cruces y otros lugares. Ubicada en el sur de Nuevo México, Las Cruces está fuera de los principales mercados de medios que abarcan ciudades como Albuquerque en el norte del estado. Si bien no es un área roja, algunos de sus residentes tienden ser conservadores. E incluso algunos líderes con posiciones progresivas dudan hablar en contra de la policía, especialmente durante los ciclos electorales.

La representante estatal por Las Cruces Angelica Rubio dijo que el sentimiento que cuestionar la policía es igual a no apoyarlos si está presente. También planteó que lo que complica aún más la situación es el hecho que los latinos se encuentran lidiando entre los agentes en la frontera y la policía local, y cómo esto puede desdibujar la violencia policial que se considera racializada.

“...hemos invertido todo este dinero en la policía y, sin embargo, solo le tomó 38 segundos a un agente en disparar y matar a Amelia”

Como en muchas comunidades en todo el país, Rubio expresó que hay frustración y fatiga en medio de un aluvión de asaltos y problemas con los que las personas están lidiando. En 2020, Las Cruces resolvió una demanda de $6.5 millones por el asesinato policial de Antonio Valenzuela. Según Rubio, hubo mucha presión pública en torno al caso de Valenzuela. Agregó que la ciudad habla sobre su entrenamiento en la intervención de crisis y que la solución principal es tener agentes de policía bien capacitados, “excepto que hemos invertido todo este dinero en la policía y, sin embargo, solo le tomó 38 segundos a un agente en disparar y matar a Amelia”. La representante dijo que ella y otros han insistido en una mayor inversión en los servicios de salud mental en lugar de aumentar el presupuesto del departamento.

En la conferencia de prensa de Baca en mayo, Bregman, quien también representó a la familia Valenzuela, habló sobre la necesidad de la rendición de cuentas por parte de la policía. Pero dado que los latinos cada vez son más criminalizados, el fracaso en el Congreso de la reforma de la policía a nivel nacional después del asesinato ante el mundo de George Floyd, las limitaciones de la orden ejecutiva emitida por el Presidente Biden, y dudas sobre si las reformas en general son una respuesta fundamental para enfrentar la violencia de la supremacía blanca, se necesitará más que acciones legales para evitar la muerte de latinas como Baca, que ha debido estar viviendo sus años dorados.

Bregman espera que surja más atención nacional. La “vida de Amelia es tan importante como la vida de cualquier otra persona”.

Para que esto suceda, se debe considerar una pregunta del columnista Gustavo Arrellano sobre el nivel de atención que reciben las muertes de latinos a manos de la policía: ¿“Si más latinos no están motivados a preocuparse, entonces cómo podemos esperar que esto le importe al resto de la sociedad”?

Traducido por Juana Ponce de León.