En El Salvador, las mujeres están pagando por los gulags de Bukele

Una encuesta de Gallup de 2023 clasificó a El Salvador como uno de los países más seguros del mundo. Sin embargo, las defensoras de los derechos de las mujeres pintan un cuadro diferente.

Nayib Bukele llegó al poder presidencial en El Salvador en 2019, después de hacer campaña con una agenda de derechos humanos y su promesa de traer estabilidad al país. La nación centroamericana tenía tasas extremas de homicidios y feminicidios, producidas por pandillas callejeras involucradas en conflictos. Esta violencia se sembró en los años de guerra civil allí, alimentada por una larga tradición estadounidense de intervención en América Latina.

Admiradores del presidente han alabado su mano dura. En 2021, Bukele lanzó su Plan de Control Territorial, una estrategia de seguridad multifacética que envió al ejército y la policía a los 17 municipios que se determinó que tenían la mayor incidencia de violencia pandillera. Al año siguiente, impuso un estado de excepción, aún vigente, que suspendió el debido procedimiento de ley e otorgó poderes ilimitados a las fuerzas de seguridad. Como resultado, según el Informe Mundial de Derechos Humanos 2025, más de 81.000 personas, incluidos 3.000 niños, han sido detenidas. Actualmente, hay un estimado 108.000 personas encarceladas.

Testimonios de familias afectadas informan que hay hombres detenidos que nunca estuvieron asociados con las pandillas. Para Bukele, los inocentes detenidos son sacrificios necesarios.

“Son las mujeres, ignoradas por este gobierno, las que están financiando las políticas de seguridad de Bukele”

En una entrevista con la Organización Mundial Contra la Tortura, Verónica Reyna, psicóloga y directora de derechos humanos del Servicio Social Pasionista, dijo que la popularidad de Bukele se basa en una estrategia de propaganda que lo proyecta como un líder progresista que trabaja por el desarrollo del país y la erradicación de la violencia. “La realidad es más compleja”, dijo Reyna. Su liderazgo es conservador, fundamentalista y patriarcal. Su agenda política ignora los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, y los derechos de la población LGBTIQ+”.

Elvira (no su verdadero nombre), defensora de los derechos de las mujeres con Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Ormusa), le hizo eco a la evaluación de Reyna. “Las medidas de seguridad nacional no se han ajustado o dirigido a las vulnerabilidades que enfrentan a las mujeres, eliminando fondos o no priorizando programas que las apoyan”, le dijo a IDAR/E. Explicó que el gobierno de Bukele recortó el presupuesto del Instituto Estatal de Mujeres y otras organizaciones que ayudan a las mujeres víctimas de violencia y que brindan acceso a la atención médica, capacitación laboral y asesoramiento financiero.

“Las estadísticas de violencia contra las mujeres, entre parejas domésticas, el acoso sexual o muertes violentas —el verdadero indicador del estado de seguridad para las mujeres— no han cambiado”, dijo Elvira, y agregó que según del gobierno la violencia contra la mujer ya no es una prioridad porque el problema de las pandillas ha sido eliminado.

De acuerdo con el Instituto de Investigación sobre la Violencia de Género (IVG) de El Salvador, en 2020 se denunciaron 5.052 casos de violencia sexual y 6.097 en 2021, lo que supone un aumento de un 34 por ciento. Con la represión de los medios de comunicación independientes —Bukele los presenta como amigos de las pandillas y publicaciones como El Faro han trasladado sus operaciones a Costa Rica— acceder a datos más recientes es difícil.

A medida que el gobierno de El Salvador vende como soluciones sus gulags de encarcelamiento masivo, otras formas de de violencia han surgido. Un reporte de la Fundación Carnegie Para la Paz de 2023 indica que, si bien algunas mujeres dicen que pueden disfrutar de un estado de calma, otras señalan cómo el aumento de la militarización de las calles, particularmente en los vecindarios anteriormente controlados por pandillas, está poniendo en riesgo a las mujeres salvadoreñas. El informe cita a una defensora de los derechos de las mujeres: “Trae una falsa sensación de seguridad ... Hay mucho acoso por parte de la policía y los soldados porque han aumentado su presencia en nuestras comunidades, y no se puede decir nada al respecto”. También dijo que a pesar de que muchos pandilleros han sido arrestados, otros se han escondido y continúan controlando ciertos vecindarios.

De acuerdo al mismo reporte, en El Salvador, el 90 por ciento de los hombres encarcelados eran los principales proveedores de sus hogares. La pérdida de ingresos a dado pie a más vulnerabilidades para las mujeres y las familias. Ahora, para poder mantener a sus familiares, algunas madres se ven obligadas a salir de casa a buscar trabajo y dejar solos a sus hijos. Esta situación provoca mucho miedo de que los niños queden expuestos a la violencia sexual por parte de la policía y los soldados, o al abuso intrafamiliar. También les preocupa que sus hijos se unan a las pandillas para tratar de poner comida en la mesa.

“Son las mujeres, ignoradas por este gobierno, las que están financiando las políticas de seguridad de Bukele”, dijo Elvira, explicando que no solo tienen la carga de ser las únicas proveedoras de la casa, pero también necesitan entregar dinero a sus familiares encarcelados para los alimentos de higiene esenciales, que no son proporcionados por las cárceles.

Además de los ataques a los medios de comunicación independientes y grupos de derechos humanos, y el costo psicológico y económico para las mujeres, Angélica Rivas, de la Colectiva Feminista en El Salvador, dice que las organizaciones defensoras de los derechos de la mujeres también están en la mira del gobierno.

A pesar de los riesgos que incluyen el acoso y peor, Rivas cree que es importante hablar. “Las mujeres necesitan conocer las realidades de que es vivir bajo una dictadura para poder prepararse. Vemos la situación en los Estados Unidos y sabemos lo que el ataque a sus derechos puede provocar”.

Escrito y traducido por Juana Ponce de León.