¿Podría finalmente haber alguna rendición de cuentas por la violencia sexual contra las periodistas colombianas?

En 2018, la Fundación Internacional de Medios de la Mujer informó que el abuso físico, sexual y en línea es una realidad diaria para las mujeres periodistas y trabajadoras de medios. Aunque datos sobre los riesgos y abusos que enfrentan las mujeres periodistas en América Latina son limitados o inexistentes, una investigación publicada en 2020 por la campaña colombiana No es Hora de Callar creada por Jineth Bedoya Lima, y el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes encontró que el 23,2% de las periodistas colombianas encuestadas habían sufrido violencia sexual en su trabajo.

Lo que es igualmente alarmante es que el 95% de todos los casos de violencia sexual en Colombia quedan impunes. Las mujeres, incluidas las que son periodistas, simplemente no pueden depender de la protección del Estado.

La saga de Jineth Bedoya Lima ilustra claramente este peligroso status quo. Bedoya Lima, reconocida periodista colombiana, compareció virtualmente el 15 de marzo de 2021 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para compartir su desgarrador testimonio por enésima vez desde que fue agredida. "Me mataron la mañana del 25 de mayo de 2000, mi vida fue destruida", comenzó. Hace más de 20 años, cuando visitó la prisión La Modelo en Bogotá para investigar un presunto tráfico de armas entre grupos paramilitares y colombianos, Bedoya Lima fue secuestrada, torturada y violada en grupo por paramilitares que buscaban mandar un mensaje horrífico a periodistas en todo el país.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un cuerpo judicial autónomo, responsable de tomar medidas protectoras y publicar fallos sobre violaciones de derechos humanos cometidos por miembros de la Organización de Estados Americanos. Los casos sólo pueden ser llevados ante la corte por los estados partes y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en 2019, la Comisión hizo exactamente eso. Remitió el caso de Bedoya Lima a la Corte después de concluir que Colombia no había cumplido con múltiples recomendaciones. Según el informe de la Comisión, el Estado sabía que existía una amenaza real e inminente contra Bedoya Lima, pero no adoptó medidas razonables para su protección. Asimismo, señaló que no se había realizado una investigación diligente para llevar a la justicia a todos los responsables, especialmente en lo que se refiere a la participación de agentes estatales.

Durante la audiencia ante la Corte Interamericana, que actualmente está decidiendo si, y en qué medida, se puede responsabilizar al Estado colombiano por el asalto a Bedoya Lima, un panel de jueces realizó preguntas para comprender mejor las atrocidades a las que fue sometida la periodista. Y justo cuando Bedoya Lima iba a tener la oportunidad de hablar y ser escuchada plenamente en este proceso oficial, fue victimizada una vez más

“En una medida sin precedentes, Camilo Gómez, representante legal del estado, anunció que se retiraba de la audiencia”

En una medida sin precedentes, Camilo Gómez, representante legal del estado, anunció que se retiraba de la audiencia tras alegar que los jueces carecían de objetividad e imparcialidad. La caja virtual donde Gómez hacía sus reclamos desapareció por completo de la pantalla. Una metáfora adecuada para la forma en que las autoridades gubernamentales han actuado durante las últimas dos décadas: esquivando intentos de rendición de cuentas y responsabilidad.

En un país donde reina la impunidad, Bedoya Lima ha sido retraumatizada por un sistema judicial que se ha movido a un paso glacial, perdiendo secciones enteras de su expediente y sometiéndola a interrogatorios 12 veces en lo que va de su proceso. Hasta el día de hoy, y sin duda gracias a la propia investigación de Jineth, solo tres de los muchos criminales involucrados en su agresión han sido juzgados y condenados por el sistema de justicia de Colombia, pero ningún autor intelectual ha sido llevado ante la justicia. Además, Jineth se ha visto obligada a saltar a través de interminables aros burocráticos para ser escuchada ante la Corte Interamericana. Se espera que las víctimas agoten todos los recursos judiciales internos y luego lleven su caso a la Comisión, como ella lo hizo en el 2011.

El 22 de marzo, la Corte desestimó las denuncias de parcialidad formuladas por Colombia. La audiencia se volvió a convocar para los argumentos finales, pero incluso entonces, los representantes del estado se mantuvieron firmes. En su declaración final, el equipo legal de Colombia ofreció una disculpa a medias a Bedoya Lima, admitiendo que la violencia sexual ha sido una de las violaciones de derechos humanos más atroces en el conflicto armado y afirmando que estuvo mal haberla hecho revivir 12 veces la violencia brutal que sufrió. Sin embargo, se negó a reconocer la complicidad de los actores estatales, la incapacidad del Estado para prevenir lo sucedido o la arraigada incompetencia institucional del país.

“Si esta es la realidad para una de las periodistas más reconocidas de la región, ¿qué esperanza hay para las reporteras que arriesgan su vida por la verdad en algunos de los rincones más recónditos de América Latina?”

¿Qué se necesita para que Colombia reconozca que su sistema judicial le falla a las víctimas de agresión sexual? Si un curso de más de una década es la realidad para una de las mejores periodistas de la región, ¿qué esperanza y protección hay para las reporteras que arriesgan su vida en busca de la verdad en algunos de los rincones más recónditos de América Latina?

Varias organizaciones como la Fundación para la Prensa Libre (FLIP) y la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género han alzado la voz sobre la falta de responsabilización de los perpetradores por las agresiones sexuales y cómo la violencia contra las periodistas en el país afecta gravemente su derecho a la libertad de expresión. Mientras se presiona por cambios en el pais, el caso de Jineth está a la espera de una decisión de la Corte Interamericana que podría tomar meses o incluso años. Esta será la primera sentencia de esta Corte sobre las obligaciones de los Estados de garantizar la seguridad de las periodistas que corren un alto riesgo de padecer la violencia de los conflictos armados. Teniendo en cuenta la larga historia de esta Corte de garantizar los derechos humanos en la región, es probable que proteja a las sobrevivientes de esta violencia. Si la Corte falla a favor de Jineth, Colombia podría estar obligada a ofrecer reparaciones y adoptar cambios en sus políticas públicas para prevenir ataques contras mujeres.

La innegable valentía y persistencia de Jineth envía un mensaje claro de que los crímenes contra las mujeres no serán arrastrados a rincones oscuros. Ella sigue hablando y con coraje persiste con su carrera como periodista a pesar del profundo trauma, las continuas amenazas y los peligros de ser reportera en un conflicto armado interno que aún existe. Ha pasado los últimos 20 años investigando personalmente los detalles de su caso para lograr la justicia no solo para ella sino también para los demás. Su ahora emblemática campaña No Es Hora De Callar es un llamado para que insistamos en la protección contra la violencia y una rápida rendición de cuentas.

Traducción por Juana Ponce de León