Amenaza Latina

Texas es un estado donde cualquier persona que se considera como una amenaza es victimizada. Es un lugar donde la penuria, la desigualdad y la necesidad pueden cegar a cualquiera ante el inmenso poder político de los más marginados y la desesperación de los poderosos. En Texas, pocos representan mejor la víctima/amenaza que la latina tejana. La reciente aprobación de la ley estatal que prohíbe el aborto después de las seis semanas de embarazo, a un punto en que la mayoría de las mujeres no saben que están embarazadas, resaltó su posición decisiva en el ecosistema político.

La ley que entró en vigor el 1 de septiembre, no hace excepciones para víctimas de violación o incesto, y delega a ciudadanos privados como policías del derecho al aborto, permitiéndoles demandar a los proveedores de dichos servicios o a cualquiera que “ayude o incite” a una persona que intenta obtener el procedimiento. Las demandas exitosas ofrecen esencialmente una recompensa de $10.000 (más honorarios legales), a la policía ciudadana. Es predecible que el mayor impacto caerá sobre personas con menos acceso a servicios de aborto fuera del estado, es decir las que no tienen seguro y las trabajadoras pobres con poco control sobre sus horarios.

En otras palabras, sus principales objetivos son la población mayoritaria del estado —los pobres, los afroamericanos y las personas de color, en particular las latinas. La historia reciente demuestra que esto es cierto. La batalla del aborto en Texas en 2014 forzó el cierre de muchas clínicas de salud reproductive. Según un análisis de datos estatales realizado por Dallas Morning News, las latinas fueron las más afectadas por la pérdida de servicios. Posteriormente, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló esa ley.

Un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos basado en un procedimiento permitió que la nueva ley, SB8, entrará en vigor. La jueza Sonia Sotomayor fuertemente criticó la decisión en su disidencia como "un impresionante acto de desafío" a la Constitución, a los precedentes de esta Corte y a los derechos de las mujeres que buscan abortos en todo Texas”. El fallo ha sido ampliamente criticado como el fin del derecho a elegir de la mujer.

Pero si SB8 representa la pérdida de la última opción para la mujer, para la latina es el pináculo de las opciones disminuidas que fueron ignoradas o desconectadas a causa de los derechos reproductivos. SB8 se basó en demandas y decisiones—victorias logradas—a cuestas del cuerpo de la latina, que involucran derechos de voto, seguridad fronteriza, educación y vigilancia. Y la latina, que pone el acceso al aborto dentro de los múltiples problemas que batallan sobre su cuerpos, representa una amenaza formidable para la estructura política prevaleciente.

Latinas: Por años bajo asedio

En muchos sentidos, el perseguir a la latina tejana es ideal. Económicamente está subvalorada. Aquí ella recibe 44 centavos por cada dólar ganado por el tejano blanco, menos que cualquier otro grupo racial/étnico y por debajo del promedio nacional para latinas —54 centavos en contraste con 80 centavos que ganan las mujeres blancas. En Texas, el estado con la tasa más alta de personas sin seguro—el 62 por ciento de los latinos no lo tienen— es probable que ella tampoco lo tenga. Ella es considerada una trabajadora esencial por laborar en empleos de primera línea, sin embargo es marginal a un motor económico que depende de las industrias del petróleo, gas y tecnología.

No obstante, ella persiste: lanza negocios propios, trabaja en varios empleos y se matricula en la universidad a tasas más altas que los latinos. Para aquellas que luchan por salir adelante, la postura contra el aborto de los legisladores las socava. Los legisladores de Texas redirigen los fondos federales destinados para personas de bajos ingresos a programas de alternativas al aborto. Estas políticas abonan el terreno para la pandemia y sus consecuencias.

Cuando la pandemia se propagó a través de los Estados Unidos, las latinas experimentaron una de las peores devastaciones económicas. Su desempleo superó al de otros grupos y representaron la tasa más alta de abandono de la fuerza laboral. Sin embargo, se vieron privadas de la asistencia financiera que impidió la caída de tantos otros en el país cuando los legisladores de Texas cortaron la asistencia federal por desempleo mucho antes de que expirara.

Pocos notaron o hicieron la conexión entre el asalto a los derechos reproductivos y el esfuerzo continuo para socavar el derecho al voto de la latina. En 2002, los republicanos obtuvieron suficientes votos en la legislatura de Texas para desatar una guerra de manipulación de circunscripciones electorales y diluir el poder de su voto. En 2011, se produjo una batalla por los distritos electorales, que se extendió a lo largo de una década, con un juez federal dictaminando que el estado intencionalmente proponía diluir su poder político a favor de una clase republicana blanca en disminución. Años más tarde, la Corte Suprema de los Estados Unidos acordó los mapas elaborados como una solución temporal.

Pero el asalto no terminó ahí. Texas aprobó una ley de identificación de votantes y más tarde intentó purgar a unas 100.000 personas de sus listas de votantes, la mayoría latinos, alegando que en realidad no eran ciudadanos. En la reciente ley de restricciones al voto, la misma vigilancia sobre las mujeres que buscan servicios de aborto, y aquellos que las ayudan, se extiende a la cabina de votación. La nueva ley, SB1, otorga a los observadores electorales amplios poderes para monitorear las elecciones, lo que aumenta los temores de intimidación de los votantes en un estado donde los latinos y los negros se mantenían alejados de la cabina de votación por el impuesto electoral o amenaza armada.

Imponiendo la supresión de votantes y la manipulación de circunscripciones electorales, los republicanos de Texas han reforzado su control sobre el sistema electoral, abriendo el camino para la reciente victoria contra el derecho de la mujer de elegir. Desde las elecciones de 2010, unos 22 estados han adoptado restricciones tanto al voto como al aborto, según un análisis de Rewire News.

Ellas no tienen un partido político confiable

Las alarmas que suenan sobre la vigilancia y el vigilantismo que facilita la prohibición del aborto en Texas no son nuevas para la latina. Milicias ciudadanas deambulan por grandes franjas de las tierras estatales fronterizas en nombre de la seguridad. Con frecuencia ella es detenida incluso mientras transita en su auto por cualquiera de las múltiples agencias y la policía estatal que vigila dichas tierras. En 2018, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito confirmó la ley estatal "muéstreme sus papeles" que permite a los agentes del orden e incluso a los guardias de seguridad en las universidades preguntar sobre el estado migratorio de cualquier persona detenida legalmente.

Dentro de este mundo de inspección y vigilancia policial, la latina no tiene un partido político confiable. Sus representantes sacrifican voluntariamente sus derechos reproductivos. Los demócratas a menudo apoyan extender el muro y la seguridad fronteriza, que aparentan tener poca relación con sus derechos reproductivos. El senador estatal Eddie Lucio Jr. (demócrata-Brownsville), representando un distrito fronterizo principalmente latino con una de las tasas más altas de pobreza en Texas, asistió a la firma de la ley contra el aborto SB8. El también patrocinó otro proyecto de ley que limita el acceso a las píldoras abortivas más allá de las restricciones federales. El gobernador republicano Greg Abbott lo firmó la semana pasada.

En respuesta a la ley SB8, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una demanda alegando que transferir el poder de aplicación a ciudadanos privados es un "esquema" diseñado para "evadir la revisión judicial". Tal ausencia de supervisión y revisión es bien conocida por la gente que vive cerca de la frontera. Las quejas de mujeres inmigrantes que acusan a los funcionarios de la Patrulla Fronteriza de agresión sexual en gran medida no se investigan, según un análisis del Consejo Americano de Inmigración. Las latinas tejanas viven dentro de este clima de vigilancia fronteriza e impunidad.

Sin un historial público sobre los latinos en los Estados Unidos, la latina tejana permanece políticamente vulnerable. Poco se conoce sobre el detenido asalto al cuerpo de la latina, desde las esterilizaciones forzadas en California hasta la experimentación del control de la natalidad en mujeres puertorriqueñas. La historia de su marginación de la cabina de votación se ignora en gran medida, y la larga lucha por ganar el derecho al voto se olvida y le falta significado simbólico. La discriminación contra ella carece de vigencia social o política.

De hecho, Sotomayor, en una opinión disidente sobre un caso de inmigración, reprendió a sus compañeros jueces por no reconocer el sentimiento antilatino arraigado en las declaraciones del expresidente Donald J. Trump. En esencia, el asalto a la latina rara vez se percibe como un asalto a la nación, la justicia y la igualdad.

“En esencia, el asalto a la latina rara vez se percibe como un asalto a la nación, la justicia y la igualdad”

Desde esta posición en la mira y aparentemente impotente la latina representa una amenaza política. En todos los temas sociales, las latinas tejanas favorecen más control de armas, acceso al aborto y menos militarización de la frontera, lo que significa que son más progresistas que los hombres latinos. Sin duda, algunas de ellas se oponen al acceso al aborto y su voto se alinea con la plataforma republicana. Pero en la cabina de votación, las latinas apoyaron abrumadoramente a los demócratas en las últimas elecciones a tasas que excedieron a los hombres latinos.

Las latinas organizaron sus comunidades, estuvieron detrás de movilizaciones masivas que aumentaron la participación de votantes en Texas y encabezaron grupos como MiGente y Texas Organizing Project. La esencia de su verdadera amenaza se apoya en una perspectiva política que sintetiza temas que, para progresistas y liberales, se abordan como dispares y no relacionados.

Donde otros ven las agresiones a cuestiones de inmigración, la economía, derechos de voto y de reproducción como temas aparte que afectan a distintos distritos electorales, las líderes latinas tejanas las califican como un asalto unido.

Menos de dos semanas después de perderse el derecho al aborto, manifestantes en el capitolio de Texas declararon un “movimiento entrelazado”: El pueblo v. El estado de Texas. A los dos días, Lina Hidalgo, la jueza del condado de Harris – este incluye a Houston– y la principal administradora del condado– quien en las últimas elecciones amplió el acceso al voto a 24 horas y autoservicio, resultando en una mayor participación de votantes y enfureciendo a los republicanos, hizo un análisis en línea de las últimas leyes de Texas.

En el video, Hidalgo declara que los republicanos eliminan específicamente las políticas adoptadas por el condado de Harris y describe la agenda legislativa republicana como "extrema" y de "estar echando a este estado para atrás". Las nuevas leyes que eliminan las restricciones a la posesión de armas, dice, son un retroceso al “Wild West”. Las nuevas leyes de votación recuerdan los días de Jim Crow. Las restricciones a las discusiones sobre raza y racismo en el aula son "como cuando todos teníamos que fingir que el racismo no existía". Esta última ley sobre el aborto representa una regresión a los días antes de Roe V. Wade. Hidalgo caracteriza las leyes como un esfuerzo por deshacer el progreso mientras promueve un movimiento de justicieros en los lugares de votación, el consultorio médico y las aulas, enfrentando a las personas entre sí.

Según las latinas de Texas, el estado está atacando el progreso, la democracia y la comunidad, y se perciben como una amenaza porque trascienden el mundo de “problemas” e identidades dispares para promover una ideología de unidad y equidad. Y por esa razón, Texas hará lo que sea necesario para contenerlas.

Traducido por Juana Ponce de León.